Reunion virtual con Natalia Fuentes, Directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, y Belén Jiménez, abogada de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Con el objetivo de iniciar un proceso de sensibilización sobre Espacios Igualitarios y Libres de Violencia (sello SEI) y explorar la posibilidad de adhesión, ayer se realizó una reunión virtual con Natalia Fuentes, Directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, y Belén Jiménez, abogada de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad. Ambas son referentes de la Red ATRAE (Alianza de Territorios Responsables de América Latina y Europa).

La Iniciativa SEI está dirigida a empresas y organismos públicos interesados en obtener el sello. Para ello, deberán cumplir con los procedimientos y pautas establecidos y obtener el reconocimiento provincial por incorporar un enfoque sensible al género.

Durante el encuentro, se discutió la posibilidad de iniciar actividades de sensibilización con CAPEMISA e introducir esta temática en la agenda de las empresas proveedoras. El objetivo es proyectar para el próximo año la adhesión al Sello de aquellas empresas que manifiesten interés y compromiso.

El sello comenzó en Salta en 2023 como prueba piloto con Empresas Mineras de Salta y sus proveedoras, así como organismos públicos relacionados. En los próximos meses, esas empresas que cumplieron con el procedimiento obtendrán el Sello. Posteriormente, se inicia una fase de seguimiento durante la vida útil del proyecto.

Las entidades responsables del sello son: ATRAE, Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad, Secretaría de Trabajo, Observatorio de Violencia contra las Mujeres, y Secretaría de Relaciones Internacionales.

ATRAE es una red que promueve la observancia de los estándares de derechos humanos y el desarrollo de políticas públicas innovadoras para una conducta empresarial responsable. Está integrada por organismos subnacionales como la Provincia de Salta (Presidencia de la Red), Provincia de Buenos Aires, Provincia de San Juan (Argentina), el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, y la consultora «Sustentia Innovación» (España), así como el Gobierno subnacional de Antioquia (Colombia). Recientemente se han sumado las provincias de Jujuy, Córdoba, Corrientes, Mendoza y San Luis (Argentina) e Ica (Perú). También cuenta con el apoyo de organismos internacionales como la Unión Europea, AECID, ONU, OIT y CERALT.

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