A pocas semanas de definirse la contienda electoral, el sector minero analiza cómo se vienen desarrollando las políticas públicas del país, en relación al contexto global, y se sienta en la mesa de discusión para proyectar lo que viene.
Trascender con una acción política para convertirla en un proyecto sostenido en el tiempo es un desafío que este país pocas veces ha logrado alcanzar.
Sin embargo, desde el retorno a la democracia se gestó una política minera que fue atravesando los distintos gobiernos y colores políticos.
A finales de los 80 se lograron muchos avances en materia de investigación por parte del Estado. El trabajo de los equipos técnicos que actuaron por entonces, aún hoy, sirve de base para brindarles, a las empresas que tienen interés, algunas certezas sobre el terreno a explotar.
En los 90 se conformó un paquete de leyes, al cual todas las provincias adhirieron mediante el Acuerdo Federal Minero. Este último, conformado en la presidencia de Carlos Menem, buscaba principalmente realizar acciones destinadas a promover las oportunidades de inversión en la minería y profundizar el proceso de descentralización, optimizando el aprovechamiento de los recursos humanos, económicos y de infraestructura de las instituciones mineras nacionales y provinciales.
Sin embargo, el verdadero “boom minero” inició alrededor de 2003, con la presidencia de Néstor Kirchner, y la continuidad con Cristina Fernández. Fue en ese momento cuando se abrió una discusión que guarda estrecha relación con el papel que deben cumplir las industrias extractivas en el proceso de crecimiento de los países subdesarrollados, y que atañe a todas las áreas que se encuentran atravesadas por la actividad. En este sentido, uno de los principales detractores de la política de extracción de aquella época fue el actual senador Fernando “Pino” Solanas (actualmente miembro del “Frente Para Todos”), quien la señaló como “saqueo puro” y agregó que “todo se extrae sin control público y se deja la extracción de esos recursos en manos de los propios explotadores”.
Al repasar las grandes concesiones brindadas por aquellos años a las empresas extranjeras en materia de impuestos nacionales, provinciales o municipales, así como también las ventajas aduaneras, arancelarias y legales, no se llegaría a otra conclusión que la de entender que Solanas no estaba tan errado en sus apreciaciones. Con el objetivo de atraer inversiones extranjeras se allanó el terreno para los capitales extranjeros. De hecho desde entonces que el país se encuentra dentro del grupo de naciones que menos impuestos perciben en el sector del cobre.
Macri, su política y su proyección
Al acceder al poder, Mauricio Macri intentó profundizar la política minera. El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, anunció que el sector alcanzó una inversión de 10 mil millones de dólares solo en los primeros dos años y medio de gobierno. Así también, al incorporarse como secretaria de Minería a Carolina Sánchez, que viene de trabajar en cuidado del ambiente, se apuntó a trabajar buscando una explotación responsable y sustentable, que pueda aportar los equilibrios macroeconómicos a nivel regional y federal, con una mirada puesta en la comunidad y en la creación de empleo local. Posición que fue criticada por algunos sectores que hubiesen preferido un perfil más cercano a la actividad, o que provenga de carreras más afines como Geología o Ingeniería de Minas.
También desde el Ministerio de Producción y Trabajo se aseguró que el objetivo primordial de la gestión es que, en cinco años, se logre posicionar a la Argentina como el principal proveedor de Litio, el mineral más estratégico del mundo en la actualidad. “Tenemos todas las condiciones de convertirnos en los proveedores del 50% de este mineral”, aseguró Sica.
Estos números se consolidaron, sobre todo, al presentar y realizar la firma del denominado “Nuevo Acuerdo Federal Minero”, el cual homogeniza las legislaciones con las provincias y, según voces oficiales, generaría 125 mil nuevos empleos vinculados al sector de manera directa. De igual manera, desde el Ejecutivo Nacional aseguraron que el acuerdo busca que la Política de Estado minera en el territorio nacional incluya “mayores beneficios a las comunidades”, “control ambiental”, “mayor participación de las provincias en los ingresos”, “desarrollo de la infraestructura”, “desarrollo de la ciencia y la innovación aplicadas para actualizar las prácticas y tecnologías”.
En lo respectivo a lo tributario del Nuevo Acuerdo –quizá uno de los puntos más polémicos, ya que las provincias buscaban mayores beneficios- se estableció que las provincias pueden percibir hasta el 3 % de la facturación de la operadora, 1,5 % de Fideicomiso y un 0,5 % de recaudación empresarial.
Por otro lado, el Gobierno Nacional proyecta que se profundizará la tendencia actual y la exportación de oro irá perdiendo protagonismo, mientras que se estima que para 2024 se alcanzarán niveles históricos de explotación de Cobre y Litio, teniendo a San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta como los principales proveedores.
Como toda exportación, la minera paga una retención del 10%, con un tope de 3 pesos si tiene valor agregado y 4 pesos sino hay valor agregado. Del 100% de las exportaciones mineras, 35% corresponden a la provincia de Santa Cruz, 25% San Juan, 19% Catamarca y Jujuy con el 9%. El resto se reparte entre las otras jurisdicciones.
Propuestas de los otros posibles presidenciables
La última elección primaria a presidente avizoró un panorama más claro en relación a las candidaturas. Las PASO y el arrollador triunfo de Alberto Fernández empujó al sector minero a sentarse, en principio, con el candidato más firme para ya definir líneas de trabajo.
En este sentido, desde el sector se analiza la gestión de Macri como de “transición” ya que si bien se avanzó en la presentación del Nuevo Acuerdo y la enorme devaluación favorece claramente al sector, también quedaron muchos campos pendientes. Por ejemplo, no se logró destrabar importantes proyectos de cobre al haber fracasado las gestiones ante la Corte Suprema en torno a la Ley de Glaciares, y tampoco se pudo acelerar el debate para modificar una ley que prohíbe la actividad en Chubut.
Por su parte, hace poco el candidato Alberto Fernández, sostuvo una reunión con ejecutivos de 24 compañías mineras con proyectos en las provincias de Santa Cruz y Catamarca para informarles sus planes con respecto a la dirección económica, comercial y de inversión que pretende dar al país con el fin de brindar mayor certeza al sector minero.
Fernández aseguró a los ejecutivos mineros que apoyaría el libre flujo de utilidades para mejorar la economía del país. Además, según expresó, su agenda económica incluye un plan de crecimiento a 10 años para la industria minera con énfasis en el Litio, pero manteniendo las regulaciones locales.
Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el Litio en Argentina, el país tiene el 13% de las reservas mundiales, mientras que la producción anual actualmente es de 30.400t. Es el tercer mayor productor de Litio del mundo y alberga el 25% de los recursos del denominado triángulo de litio (Chile, Bolivia y Argentina).
De igual manera, el ganador de la primera ronda electoral también señaló que es menester tener una industria minera sostenible desde una mirada verdaderamente federal.
Así también, y pese a haber salido tercero en las PASO, el candidato por Consenso Federal, Roberto Lavagna, también sentó posición en relación a la minería.
El exministro de Néstor Kirchner se mostró optimista en relación a sus posibilidades electorales y se manifestó a favor de continuar con políticas públicas que promuevan la la industria minera. “Tengo una opinión muy positiva para trabajar la minería. Es obvio que en Los Andes hay recursos tanto en Chile como en Argentina”, dijo el referente de Consenso Federal.
Para Lavagna la minería es viable, y crea trabajos y oportunidades. “Pero tiene la contraindicación de los efectos ambientales. Es por ello que la explotación debe de con las normas más exigentes que existan a nivel mundial”, concluyó.
Firma CAEM
Cabe recordar que recientemente, miembros de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) firmaron un documento en el que pedían a ambos candidatos presidenciales reforzar las instituciones para proteger los derechos constitucionales, a fin de generar confianza y un crecimiento sostenible. El documento indica que están abiertos a colaborar con quien gane las elecciones este año.